GRAN CANARIA EN SU ENCRUCIJADA

GRAN CANARIA EN SU ENCRUCIJADA

lunes, 10 de abril de 2017

BARRANCO DEL MEDIO ALMUD: ¿CAUSALIDAD DE EFECTOS MILLONARIOS?

.BARRANDO DEL MEDIO ALMUD: ¿CAUSALIDAD DE EFECTOS MILLONARIOS?

El 26 de julio de 2016 la sociedad Hoteles Archipiélago Canario, S.A. (Harchicasa) presentó en el Registro de Documentos del Ayuntamiento de Mogán un escrito de IMPUGNACIÓN del acto de constitución el 10 de julio de 2001 de la Junta de Compensación del anulado por el Tribunal Supremo Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito y la consiguiente anulación de dicha Junta de Compensación y de las Disposiciones de ella dimanantes.(Descargar aquí el documento). Este requerimiento fue reiterado el 23 de noviembre de 2016. (Ver aquí el expediente de Harchicasa al 10 de abril de 2017en la página web del Ayuntamiento)

El listado de las leyes infringidas en dicho acto de constitución, entre ellas el Código Penal en artículos tan graves como el 392.1 (Falsedad en documento público), el 28, apartado b) (Complicidad en la comisión de un delito), o el 404 (Prevaricación), convierte este acto administrativo en nulo de pleno derecho, ipso iure, nulidad absoluta que hace de él un acto inexistente a todos los efectos, tanto la propia Junta de Compensación como todas las disposiciones, resoluciones, autos y sentencias de los Tribunales de ella dimanantes, como es su Proyecto de Compensación. Si bien la Junta de Compensación es jurídicamente nula de pleno desde el mismísimo momento de su constitución ante notario a tenor de las leyes infringidas en el acto, no obstante, precisa que la Administración actuante, el Ayuntamiento de Mogán en este caso, decrete su nulidad para la ejecución administrativa consiguiente, vía artículo 106.2 (Revisión de acto administrativo nulo) de la Ley 39/2015 (Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

La nulidad de la Junta de Compensación y demás instrumentos de desarrollo del citado Plan Parcial compete efectuarla al Ayuntamiento de Mogán como Administración actuante, como se menciona en el párrafo anterior, bien de oficio o bien a instancia de interesado -en este caso a instancia de Harchicasa- según manda el Artículo 106.2 (Revisión de Disposiciones y Actos nulos) de la LPAC (Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), ya que, por ser un acto administrativo nulo de pleno derecho, ipso iure, conlleva intrínseco su nulidad y no precisa la intervención de un juez que así lo certifique. En todo caso, la Junta de Compensación, y todo lo que de ella cuelga, es jurídicamente nula, decrete o no decreto el Ayuntamiento su nulidad, aunque se precise del documento de nulidad extendido por la Administración actuante, el Ayuntamiento de Mogán en este caso como ya mencionado, para que sus efectos administrativos puedan ser ejecutados.

Consecuentemente, la demora que la Corporación de Mogán está practicando en decretar la nulidad administrativa de lo requerido por Harchicasa implica que la consiguiente retrotracción de los asientos registrales en el Registro de la Propiedad de Mogán no se lleve a término y que Harchicasa no recupere en tiempo la titularidad registral de los 112.324 m2 de suelo en el barranco del Medio Almud -que fueron asignados a Inmobarrenda S.L. (ahora Unimadoc S.L. con el mismo NIF) en el reparto de suelo aprovechable del siempre nulo de pleno derecho Proyecto de Compensación- de forma que pueda incorporarlos al Plan General de Mogán, en redacción, y evitar que su suelo en dicho barranco, los citados 112.324 m2 más los 43.168 m2 que le fueron asignados en el reparto de suelo en el Proyecto de Compensación, que hacen un total de 155.510 m2, quede fuera de Ordenamiento Urbano en el Plan General de Mogán.

Las consecuencias de que la propiedad de Harchicasa en el Medio Almud se quede fuera de Ordenamiento Urbano en el Plan General por el no obrar de la Corporación de Mogán conllevará a que dicha propiedad, el mejor suelo turístico en la costa de Mogán, quede excluido de su Ordenamiento Urbano y pase a la clasificación de rústico, no pudiendo Harchicasa desarrollar las 2.200 camas turísticas que proyecta edificar en el citado barranco, cosa que le implicará un enorme quebranto patrimonial inducido por la Administración local al no obrar y no cumplir con lo que manda la Ley 39/2015 (la LPAC) en su artículo 106.2, y lo que mando el artçiculo 103.1 de la Constitución, incurriendo de esta manera en lo contemplado en el artículo 1902 del Código Civil, (De las obligaciones que nacen de culpa o negligencia), además de lo estipulado en el artículo 32.1 de la LPAC (Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos), y del artículos 106.2 de la Constitución española (Indemnización a particulares por todos los daños que sufran en sus bienes y derechos).

Por supuesto que otras Administraciones que hayan participado en la tramitación y aprobación definitiva del Plan General de Mogán no quedan exentas de responsabilidades porque su aprobación definitiva con la anomalía de la exclusión del suelo de Hartchicasa es un asunto más que sabido para ellas.

Aquí nos encontraríamos en un caso clarísimo del PRINCIPIO DE CAUSALIDAD, (causa/efecto), es decir, se da con claridad absoluta la relación necesaria entre ...

  • CAUSA: la Corporación de Mogán no cumple con poner en marcha el mecanismo para proceder a la anulación de la Junta de Compensación con la petición del preceptivo Dictamen al Consejo Consultivo de Canarias, incumpliendo así con lo que manda el artículo 106.2 de la LPAC para proceder a decretar la nulidad de la Junta de Compensación y las disposiciones de ella dimanantes, si dicho Consejo así lo dictamina, con lo que Harchicasa no recupera la titularidad de su suelo en el Registro de la Propiedad de Mogán y, por consiguiente, no puede incorporarlo al Plan General de Mogán, en avanzado proceso de redacción, que, consecuentemente, es "CAUSA" que conlleva al ...

  • "EFECTO": el suelo de Harchicasa en el barranco del Medio Almud, 155.510 m2 de suelo turístico, queda fuera de Ordenamiento Urbano y con valor cero, enorme quebranto patrimonial que queda como prueba fehaciente del...

  • "RESULTADO DAÑOSO" .

Como prueba fehaciente de los perjuicios económicos ocasionados a Harchicasa por el NO OBRAR de la Corporación de Mogán a efectos de lo que contempla el ya citado artículo 1902 del Código Civil, el artículo 32.1 de la LPAC y el 106.2 de la Constitución, tendremos, si aún no se puede incorporar su propiedad en tiempo al Plan General, la clasificación de rústico que le otorgue dicha Plan General, y resultará prueba clara, tangible y fehaciente a todos los efectos del "resultado dañoso" citado que corresponderá evaluar al perito judicial que en su día se ocupe del asunto y valore entre desarrollar 2.200 camas en 155.510 m2, el mejor suelo turístico de la costa de Mogán, o clasificación de suelo rústico, si por ese derrotero deviniera el NO OBRAR de la Corporación actual de Mogán según mandan las citadas leyes.

Por lo tanto tendremos que, si el Ayuntamiento de Mogán aprueba su Plan General, aún en redacción, y deja fuera de Ordenación Urbana la propiedad de Harchicasa en el Medio Almud muy a sabiendas que dicha ausencia del Ordenamiento Urbano ha sido propiciada por el no obrar de la Corporación en el asunto "anulación Junta de Compensación", según manda el artículo 106.2 de la LPAC ya citado, nos encontraríamos ante un feo asunto, muy feo asunto, atreviéndome a vaticinar de graves consecuencias para las arcas municipales si la propiedad de Harchicasa quedase fuera de dicho Ordenamiento en el Plan General; cabe añadir a este escenario que el impasse en resolver en cumplimiento del repetidamente citado artículo 106.2 de la LPAC puede propiciar un enajenamiento de bienes a terceros de la propiedad de Harchicasa en el barranco del Medio Almud -los 112.324 m2 de suelo aún inscritos en el Registro de la Propiedad de Mogán a nombre de Inmobarrenda S.L.- por parte de la sociedad que aún ostenta la titularidad en Registro, aunque asientos nulos de pleno derecho.

Todo ello con el añadido de que la propiedad de Harchicasa en el barranco del Medio Almud goza hoy del Ordenamiento Urbano que le otorgan las Normas Subsidiarias de Mogán de 1987, en absoluto vigor a día de hoy desde su publicación en el BOP nº 162 de 19-12-2008 [correcto 2008]) a falta de un Plan General, y que la no incorporación de dichos derechos edificatorios de esta propiedad al Plan General sería una expropiación gratuita en toda regla de los derechos edificatorios de una propiedad los cuales han sido otorgados y se mantienen vigentes por el Ayuntamiento de Mogán con dichas Normas.

No olvidemos que el informe jurídico del Secretario del Ayuntamiento de Mogán, cuya conclusión ha sido insertada el día 25 DE ENERO en el expediente de Harchicasa (VER AQUÍ) en la página Web del Ayuntamiento, lee como sigue:

"SE REPLANTEE LA DENEGACION VERBAL DE LO REQUERIDO POR HARCHICASA EN SU ESCRITO DE IMPUGNACION DE LA JUNTA DE COMPENSACION SECTOR 32 COSTA TAURITO, se tenga por formulada la presente, le sea admitida y, en base a lo expuesto, documentación aportada, normas generales y municipales que le afecta, se resuelva otorgar lo expuesto.

Unidad administrativa donde se inicia: Asesoría Jurídica

Domicilio de notificación; [Cita domicilio de Harchicasa]"

(No se inserta enlace al cuerpo del informe porque Harchicasa está pendiente de recibirlo en la copia completa del expediente del caso "Anulación Junta de Compensación del Sector 32", solicitada el 1 de marzo, y reiterado el 3 del corriente mes de abril, pero aún sin recibirla a fecha de este artículo)

Como podemos ver por la conclusión del citado informe del Secretario del Ayuntamiento -con toda la dimensión jurídica-notarial que conlleva la certificación del Secretario de todas las Administraciones Públicas- no tiene justificación alguna el actual impasse del proceso administrativo para resolver sobre este asunto.

Por supuesto que la mercantil Unimadoc S.L. (antes Inmobarrenda S.L. con el mismo NIF), filial del Grupo Santana Cazorla, moverá sus numerosos peones en el municipio de Mogán y en el urbi et orbe para conseguir que la Corporación de Mogán 'hiberne' y no resuelva a favor de lo requerido por Harchicasa decretando la nulidad de la Junta de Compensación, cumpliendo así con lo que manda el repetido artículo 106.2 de la LPAC; no debemos olvidar que dicha sociedad no sólo persigue el mantener la propiedad de 112.324 m2 de suelo en el barranco del Medio Almud cuya titularidad obtuvo en Registro a través de un acto administrativo nulo de pleno derecho: el acto de constitución el 10 de julio de 2001 de la Junta de Compensación del anulado por el Tribunal Supremo Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito, sino que, además y también de muchísima importancia económica, evitar la pérdida de los 25.200.000,00 de Euros que el Tribunal Supremo le otorgó a través de sus sentencias firmes de 18 de diciembre de 2015 (recurso de casación 532/2014) (Katanga Inversiones S.L., beneficiadacon 2.600.000,00 Euros), y 30 de diciembre de 2015 (recurso de casación 1864/2014) (Unimadoc S.L., beneficiada con 22.600.000,00 Euros), sentencias que, al decretar el Ayuntamiento de Mogán la nulidad de la Junta de Compensación, acto administrativo origen de las citadas sentencias, éstas dejan de tener efecto alguno y se convierten en papel mojado pues no puede mantener vigencia una sentencia que enjuicia hechos inexistentes como son todos los que emanan de la Junta de Compensación que nos ocupa; los derechos edificatorios que motivan los fallos de dichas sentencias no existen, son el resultado de una Junta de Compensación y un Proyecto de Compensación nulos de pleno derecho.

Cabe añadir sobre Unimadoc S.L. que sería de lo más pintoresco y estrafalario, por definirlo de alguna manera, que esta sociedad abriera la caja de los truenos y amenazara a la actual Corporación de Mogán con reclamaciones millonarias por daños y perjuicios, precisamente por ser la mercantil que, al infringir varias leyes, entre ellas el Código Penal, en el acto de constitución de la Junta de Compensación el 10 de julio de 2001, ha sido la causante directa de la nulidad absoluta que reina sobre todo lo dispuesto administrativa, jurídicamente y procesalmente en el ámbito del extinto Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito. (Los barrancos del Medio Almud y Los Frailes).

Termino este artículo recomendando la lectura de mi otro artículo "La Corporación de Mogán ante el Interés General" que trata precisamente de la indemnización de 25.200.000 Euros que la nulidad administrativa de la Junta de Compensación que nos ocupa evitará que la Comunidad Autónoma canaria tenga que pagar a Unimadoc S.L. y Katanga Inversiones S.L., filiales del Grupo Santana Cazorla, por derechos edificatorios inexistentes en parcelas del anulado por el Tribunal Supremo Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito, según las sentencias ya citadas del Tribunal Supremo.

CONCLUSIÓN FINAL: Feo asunto, muy feo asunto.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de abril de 2017.

sábado, 11 de febrero de 2017

LA CORPORACIÓN DE MOGÁN ANTE EL INTERÉS GENERAL

LA CORPORACIÓN DE MOGÁN ANTE EL INTERÉS GENERAL

La Corporación de Mogán ha decidido en las últimas semanas sobre un nuevo logotipo turístico para Mogán que ha merecido el reconocimiento de los expertos en promoción turística como el más bonito, representativo e imaginativo de Canarias en la reciente FITUR de Madrid, ¡chapó!.

En esa línea de aciertos, el día 25 del pasado mes de enero los Servicios Jurídicos de esta Corporación resolvieron, según insertado en el expediente de Harchicasa (Hoteles Archipiélago Canario S.A.) en la página web de notificaciones del Ayuntamiento, lo siguiente:

"SE REPLANTEE LA DENEGACION VERBAL DE LO REQUERIDO POR HARCHICASA EN SU ESCRITO DE IMPUGNACION DE LA JUNTA DE COMPENSACION SECTOR 32 COSTA TAURITO, se tenga por formulada la presente, le sea admitida y, en base a lo expuesto, documentación aportada, normas generales y municipales que le afecta, se resuelva otorgar lo expuesto.

Unidad Administrativa donde se inicia: Asesoría Jurídica

Domicilio de Notificación: CALLE CARVAJAL Nº 18 Portal BZ Plta. 2º C."

La Corporación de Mogán otorga lo requerido por Harchicasa relativo a la anulación de la Junta de Compensación del anulado por el Tribunal Supremo Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito. Posiblemente el lector se preguntará: ¿y qué tiene de especial que la Corporación de Mogán resuelva favorablemente lo requerido por Harchicasa, acaso no es un acto administrativo más de los muchos que le compete resolver? Sí tiene importancia, y mucha importancia, no sólo para Harchicasa sino también para el erario público; veamos en qué es tan importante, en lo que al interés general de la Comunidad canaria se refiere, la resolución tomada por dicha Corporación:

La impugnación de la Junta de Compensación del anulado por el Tribunal Supremo Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito conlleva que, dado la nulidad de pleno derecho, ipso iure, de la misma a tenor de las leyes infringidas en el acto de su constitución el 10 de julio de 2001 -entre ellas varios artículos del Código Penal-, todas las disposiciones de ella dimanantes son igualmente de nulidad absoluta, y, por tanto, si bien Harchicasa es beneficiada con la estimación por la Corporación de lo requerido en la medida que se restaura en el Registro de la Propiedad de Mogán su titularidad de los 112.324 m2 de suelo en el barranco del Medio Almud, suelo que a través del Proyecto de Compensación de dicha Junta fue a parar en el Registro a Unimadoc S.L., filial del Grupo Santana Cazorla; ahora, una vez decrete el Ayuntamiento de Mogán dicha nulidad, resulta beneficiada igualmente la Comunidad Autónoma canaria con la exoneración del pago de 25.200.000,00 euros por indemnizaciones por derechos edificatorios congelados por la Moratoria turística canaria a las sociedades Unimadoc S.L. y Katanga Inversiones S.L., 22.600.000,00 euros (pendiente de ratificación cuantitativa) a la primera por derechos edificatorios sobre 88 villas o viviendas unifamiliares, y 2.600.000,00 euros (pendiente ratificación cuantitativa) a la segunda por derechos edificatorios sobre la parcela nº 6, ambos casos de derechos edificatorios en suelo ubicado en el Plano Parcelario del mentado Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito. Derechos edificatorios inexistentes dado la nulidad del documento jurídico que le otorga tales derechos: la Junta de Compensación del dicha Plan Parcial a través de su Proyecto de Compensación.

La pregunta es inevitable: ¿cómo puede la Corporación de un municipio pequeño como Mogán redimir a la Comunidad Autónoma canaria del pago de semejante suma astronómica? Sí puede....y, según su resolución del 25 de enero pasado, está en vías de hacerlo. La Corporación de Mogán, utilizando los instrumentos legales que le otorga el artículo 106.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tiene la potestad de anular, previo Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, un acto administrativo público de oficio, si dicho acto transgrede el artículo 47 de dicha Ley en alguno de sus apartados, y, además de actuar de oficio, también debe hacerlo a requerimiento de interesado como es este caso por la parte de Harchicasa; Además, y a más abundamiento, el artículo 103.1 de la Constitución ordena al Funcionariado velar por el Interés General de la Comunidad, y el exonerar a la Comunidad Autónoma canaria del pago millonario citado por derechos edificatorios inexistentes entra de lleno en lo que manda el mentado artículo 103.1.

Las indemnizaciones que la Comunidad Autónoma canaria tiene que pagar -una vez ratificada la cuantía- a las citadas sociedades vienen impuestas, en lo referente a Unimadoc S.L., por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 13 de diciembre de 2013 (recurso contencioso 30/2012), ratificada por el Tribunal Supremo con su sentencia de 30 de diciembre de 2015 (recurso de casación interpuesto por la C.A.C. 1864/2014); y en lo referente a Katanga Inversiones S.L. por la sentencia del TSJC nº 123/2013 de 13 de diciembre de 2013 (recurso contencioso 269/2011), ratificada por el Tribunal Supremo con su sentencia de 18 de diciembre de 2015 (recurso de casación interpuesto por la C.A.C. 532/2014). Hablamos de sentencias firmes.

Ante esta nueva resolución de la Corporación de Mogán sólo queda el repetir lo mencionado en el párrafo primero de este artículo: ¡chapó!

Observación: Si bien lo que atañe a la exoneración de la deuda de la Comunidad Autónoma canaria está claro como el agua, es irreversible una vez decretada la nulidad de la Junta de Compensación y disposiciones de ella dimanantes, en lo concerniente a la propiedad a restituir a Harchicasa existe una posible acción temeraria (alzamiento de bienes) por parte de la sociedad que figura aún como titular de la misma en Registro por lo que sería muy apropiado que la Corporación de Mogán completase su resolución del pasado 25 de enero con una orden al Registro de la Propiedad de Mogán de proceder a efectuar una anotación preventiva en la citada propiedad de Harchicasa en el Medio Almud (las parcelas nº 1, 2, C-1 y Dotaciones del Plano Parcelario) que informase a terceros del proceso de trámite de la mentada anulación de la Junta de Compensación y de la consiguiente retrotracción de los asientos de las citadas fincas a su titular original, Harchicasa.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de febrero de 2017.

jueves, 19 de enero de 2017

EL TAXI COMO MEDIO DE DESPLAZAMIENTO PARA VISITANTES MINUSVÁLIDOS

El Sur turístico se acomoda, con 20 años de retraso como mínimo, a lo que lleva pidiendo el mercado turístico desde décadas; no deja de ser un motivo para congratularse que, por fin, nuestras autoridades políticas hayan emprendido acciones de lo más positivo para ofrecer un medio de desplazamiento cómodo a los numerosísimos visitantes de avanzada edad que pasan largas y cortas estancias en Gran Canaria.

Al "César lo que es del César...."; ¡Chapó!

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A continuación lo que al respecto del taxi como medio de desplazamiento del visitante discapacita escrìbí en mis varios blogs en la mini serie "EL TURISMO GRANCANARIO: EMBARRANCAMIENTO ANUNCIADO".

Repetición del post publicado en este blog el 1 de octubre de 2007

MOVILIDAD DE LOS TURISTAS DISCAPACITADOS Y LOS MAYORES EN LA ZONA TURÍSTICA DEL SUR Y PUEBLOS ALEDAÑOS.

MOVILIDAD POR MEDIO DEL TAXI

Taxi londinense

Modelo del taxi londinense para el mercado europeo (volante a la izquierda)

El taxi ha jugado un papel fundamental como transporte público en toda la zona turística del Sur desde que comenzó su explotación a mediado de los años sesenta hasta el día de hoy; la falta de servicio del transporte de guaguas urbano lo ha suplido el taxi casi exclusivamente durante unos cuarenta años, ya que el tímido servicio urbano que prestan las empresas de transportes interurbanos, si bien muy loable, no se puede considerar como servicio urbano dentro de la zona turística con conexión a los pueblos aledaños. Los distintos modelos de taxis operativos en el Sur, como en el resto de la Isla, no están acondicionados para el transporte de discapacitados y personas mayores con serios problemas de movilidad, con la excepción, en el Sur, de cuatro furgonetas de la empresa de taxis que sí están acondicionadas para el transporte de inválidos en sillas de rueda.

Es fácil suponer que, si se opta por orientar la explotación de la zona turística del Sur -especialmente la gran masa de camas extrahoteleras de Playa del Inglés y San Agustín- hacia pensionistas y disminuidos físicos, ese número de plazas es a todas luces insuficiente teniendo en cuenta que la oferta turística sureña está por encima de las cien mil camas, por tanto, este servicio público, por ser aún el único que opera en la zona turística en calidad de servicio urbano, tiene que adaptarse a ese otro tipo de cliente ya que a los mayores con problemas óseos, que son un alto porcentaje de ellos, les resulta muy difícil el entrar y salir de un taxi bajo y con poco espacio para los pies.

Y ¿cómo adaptar ese medio de transporte público a ese posible nuevo cliente en corto plazo? No es tarea fácil pero sí necesaria; sugiero el modelo de taxi londinense, el taxi europeo cómodo por excelencia, pero, a riesgo de cansar un poco, es necesario desempolvar escuetamente la historia de ese taxi y algunos de los servicios que ha prestado a Inglaterra que pueden servirnos como punto de referencia:

El primer taxi de motor inglés data de 1897 y fue el “Bersey”, alimentado por pilas y comúnmente llamado “Colibrí” (Hummingbird) por el ruido de su motor. Este taxi fue una extensión en comodidad para el pasajero de la carroza tirada por fuerza animal que se regía por una normativa inglesa escrita en 1679 que llevaba por título “Conditions of Fitness” (Condiciones de adaptabilidad -o algo así-), normativa que, podemos sorprendernos, al día de hoy aún está en vigor en Inglaterra. ¿Qué consecuencias tuvo esa fidelidad inglesa durante siglos a esa normativa? La comodidad para el pasajero y que hoy el taxi londinense esté reconocido como el más cómodo de toda Europa. Cabe ahora también preguntarse ¿aparte de su comodidad para el pasajero, qué otro servicio de relieve ha prestado este taxi londinense a Inglaterra? Un servicio importantísimo y es el siguiente:

En las dos guerras mundiales el número de personas, tanto soldados como civiles, que quedaron inválidos de alguna forma fue enorme y este tipo de taxi les prestó un servicio incalculable haciéndoles menos penoso, por su facilidad para entrar y salir del mismo, el poder desplazarse de un punto a otro de la ciudad. Sólo por ese gran servicio en dos terribles ocasiones merecen lucir una placa de reconocimiento en todos y cada uno de ellos pues hoy, aunque adaptado en su funcionamiento a los nuevos tiempos, no ha perdido ni un ápice de su comodidad para el pasajero; como muestra cito dos puntos de su ficha técnica: “Extra wide passenger doors which open 90º” (Puertas extra anchas para el pasajero que abren 90º), y el otro:

“Truly accesible to all people, whether wheelchairs users, mobility-limited or visually-impaired” (Acceso real para todas las personas, tanto incapacitados en silla de ruedas, los limitados en movilidad y con problemas de visión).

Y ahora puede presentarse una nueva cuestión: si el ir incorporando el modelo del taxi londinense a la flota de taxis del Sur es lo recomendable por su comodidad para el pasajero, ¿cómo financiarlo si su coste puede estar entre dos o tres millones de las viejas pesetas por encima del que suele estar en uso en el Sur y en toda la Isla? La pregunta es inevitable pero tiene respuesta:

Es de pura lógica que ningún taxista va a desembolsar dos o tres millones más de pesetas para adquirir un taxi o cambiar el que explota en la actualidad; tampoco se puede poner en circulación una normativa municipal que lo obligue, por lo que aquí tiene que jugar un papel decisivo las tres Administraciones que cobran impuestos del gremio del taxi, es decir, si está más que demostrado que el Sur turístico es básico para la economía de la Isla, si está dicho y redicho que ‘hay que hacer algo’ para salvar el Sur turístico, si todos los partidos políticos están de acuerdo en reflotar ese Sur y que el factor taxi puede jugar un papel importante, entonces tienen que dictar las normas, cada Administración en lo que le corresponda, para que ese mayor precio que el taxista tiene que pagar por un modelo de taxi igual al londinense, bien por renovación o aumento de la flota, y previa determinación del patrón dinerario a aplicar, sea deducido de los diversos impuestos que el taxista tiene que pagar al fisco hasta la amortización de esa demasía. En este supuesto para la solución de los problemas del Sur, como en tantos otros, las Administraciones tienen que mojarse, la palabrería no soluciona problemas.

¿Que puede producirse un problema de agravio comparativo con el gremio de taxistas de otros municipios? Sí, es posible, pero hay razones de mucho peso y convincentes que recomiendan ‘apagar el fuego’ donde se haya producido y ahora es el Sur de la Isla, cuyo papel en la economía de toda Gran Canaria nadie cuestiona, el que necesita una concentración de esfuerzos y apoyo económico, en la forma que proceda, de las tres Administraciones.

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de octubre de 2007.

Daniel Garzón Luna

PROXIMO CAPITULO (VI): MOVILIDAD POR MEDIO DE SERVICIO URBANO DE GUAGUAS, ESCALERAS MECÁNICAS Y ASCENSORES A LA PLAYA.

MISMO ARTICULO CON IMÁGENES EN MI PAGINA WEB: http://danielgarzonsenior.com

miércoles, 28 de septiembre de 2016

Quiebra empresarial añeja .... con resaca

QUIEBRA EMPRESARIAL AÑEJA.... CON RESACA

La sociedad mercantil "PROMOCIONES ISLAS VERDES S. A., (PROIVERSA), sale de la memoria de los tiempos, rememorando el tango de Gardel de "20 años no es nada", y cual sonido musical emitido por un órgano del más allá que, incansable, viaja sin descanso hasta llegar a su auditorio predeterminado, Gran Canaria, y se instala entre los papeles del Juzgado de Primera Instancia número 3 de San bartolomé de Tirajana; esta mercantil trae malos recuerdos a DON Santiago Santana Cazorla, cual fantasma del pasado, pues ya en 1991 fue causa de sentencia del Juzgado número DOS del mismo municipio en la que un hermano del mentado DON Santiago resultó con arresto domiciliario a causa de la "quiebra necesaria" de la mentada sociedad. ¿"Chivo expiatorio"? (Clic aquí para acceder al auto)

Precisamente a cuento de este "aterrizaje" de dicha sociedad entre los papeles del mentado Juzgado número 3 de Las Tirajanas, el periodista-investigador de La Provincia/DLP, Jesús Montesdeoca, publicó en dicho periódico el 21 de noviembre de 2015 una información -más que información merece ser definido como "historial científico"- sobre "la quebrada" y un largo relicario de "cosas" en las que dicha sociedad fue primera estrella de hechos que fueron tragados por el tiempo, hasta ahora, como es el caso de los 400 (cuatrocientos) metros de atrevido paseo desde el Barranco de Taurito al Puerto de Mogán, sin previo proyecto marítimo-terrestre debidamente aprobado por Costas y con los imprescindibles ojos de comunicación marina para evitar que las aguas retenidas entre el paseo y el acantilado se convirtiesen en una cloaca y cementerio de la fauna marina allí viviente. Tuvo suerte el ecosistema; Costas paró el disparate, impuso multa y requirió a la empresa de los hermanos Hermanos Santana cazorla a retirar los escombros de las obras del Hotel en construcción allí depositados como escombrera barata a pie de obra, aunque al final, siguiendo con lo publicado por Montesdeoca, fue el Estado el que tuvo que apechugar con la retirada de los 400 metros de escombros con un coste de 100 millones de pesetas de la època; la mar hizo el resto de la limpieza en una de sus embestidas sobre la costa Sur-Oeste.

Como quiera que el asunto de la escombrera barata del mentado paseo marítimo fue un pequeño paso dentro de las zancadas que a la sazón Santiago Santana Cazorla daba en la zona -¿las sigue dando?-, el día 22 de octubre de 2015 el ya citado Juzgado número 3 de San Bartolomé de Tirajana dicta auto disponiendo la apertura de juicio oral contra Santiago Santana Cazorla a cuenta del asunto de la mercantil PROMOCIONES ISLAS VERDES S.A., "la quebrada", requiriéndole la fianza de dos millones de euros. Inserto a continuación el párrafo del artículo de Jesús Montesdeoca en el que relata este hecho.

"En un auto firmado el pasado 22 de octubre, el titular del Juzgado de Primera Instancia Número 3 de San Bartolomé de Tirajana, Armando García Castellano, dispone la apertura de juicio oral a petición de la acusación particular, formulada por el también empresario José Domingo Pérez Báez, por un presunto delito continuado de apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil, estafa en su modalidad de fraude procesal y delito societario continuado en concurso con delito de administración desleal."

Clic aquí para acceder al artículo de Jesús Montesdeoca completo.

Santiago Santana Cazorla, a la derecha, con su abogado en la Audiencia Provincial de Las Palmas. IMG JC Castro

Como podemos ver, y redundando en el tango del inolvidable Carlos Gardel, "la quebrada" remonta la Historia y aparece como un "espíritu vengador" de los desaguisados perpetrados en la costa de Mogán que no se resigna a su condición de "enterrada y olvidada" y hace acto de presencia a pedir cuentas por los disparates cometidos en su nombre sin respeto al Orden legal establecido. Tal vez este avieso asunto de "la quebrada", y otros de no menor calado, sean los que hayan sustanciado el artículo del también periodista Carlos Sosa en su "Top Secret" del día 18 de agosto del año en curso en canariasahora.com. A continuación su titular.

"SANTANA CAZORLA SE REFUGIA EN MARRUECOS"

"El poliédrico empresario tirajanero pone tierra y agua de por medio acuciado por la acumulación de conflictos dentro y alrededor de su empresa"

A continuación un párrafo de este artículo:

" Santiago Santana Cazorla ha elegido Marruecos para una nueva etapa en su vida. En su entorno aseguran que desde hace tiempo acariciaba esa idea, la de retirarse en el vecino país e iniciar un nuevo proyecto vital. En los ambientes empresariales las explicaciones son bien distintas: el empresario tirajanero ha decidido poner tierra y mar de por medio para escapar de la sucesión interminable de problemas que se le han planteado dentro y fuera de su empresa consecuencia directa de esa forma tan asirocada que ha tenido para llevar sus negocios."

Santiago Santana Cazorla tras declarar en el caso Salmón ARCHIVO CANARIAS AHORA

Clic aquí para acceder al artículo de Carlos Sosa completo en canariasahora.com

Y como la penúltima guinda del pastel, el 30 de julio pasado el diario La Provincia/DLP publicó una amplísima información del periodista de investigación M. Reyes sobre las "irregularidades" detectadas por la Benemérita en la concesión de la Playa de Tauro al Grupo Santana Cazorla. A continuación enlace a lo publicado por dicho diario, escaneado.

2016-07-30 Costas omitió los reparos del Cabildo y del Gobierno a la nueva playa de Tauro.

Es que, amigos míos,......veinte años no es nada, los hechos no se pueden borrar de la Historia, el papel es imperecedero y lo escrito.....escrito queda.

Abraham Lincoln

En su día, ya Abraham Lincoln dijo: "Podrás engañar a todos durante algún tiempo; podrás engañar a alguien siempre; pero no podrás engañar siempre a todos."

viernes, 9 de septiembre de 2016

Mogán delega en Inmobarrenda S.L. el convocar a Harchicasa al acto de constitución de la Junta de Compensación del P.P. Sector 32 Costa Taurito

La Corporación de Mogán delega en Inmobarrenda S.L. el convocar a Harchicasa a la constitución de la Junta de Compensación del Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito

Ayuntamiento de Mogán (Corría el año 2.001)

En la constitución el 10 de julio de 2001 de la Junta de Compensación del Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito -Plan Parcial ahora definitivamente anulado por el Tribunal Supremo- acaecieron hechos de lo más pintorescos y estrafalarios, por llamarlos de alguna manera, dentro de nuestro Ordenamiento Jurídico de la Ley del Suelo, como son las infracciones de leyes, entre ellas el Código Penal, que fueron perpetradas -falsedad en documento público con connotación de estafa, prevaricación, complicidad necesaria, etc,- por el Administrador Único de la mercantil Inmobarrenda S.L., sociedad propietaria mayoritaria de suelo en la Junta, así como por la Comisión de Gobierno de la Corporación de Mogán de la época, en la constitución de la misma. Harchicasa ha impugnado dicho acto de constitución con escrito presentado en el Registro de Documentos del Ayuntamiento de Mogán el 26 de julio de 2016 por ser un acto nulo de pleno derecho a tenor de dichas infracciones, debidamente probadas con Decretos del propio Ayuntamiento.

(Clic aquí para la descarga del citado documento de impugnación; 21 páginas)

El Rey León

Como es bien sabido, la Ley del Suelo permite a un propietario de suelo el solicitar de la Administración en la que dicho suelo se encuentre ubicado, y previa redacción de un Planeamiento de ordenación urbanística, el ordenamiento urbanístico de dicho suelo. Estas iniciativas de la propiedad privada en el desarrollo económico de suelo es utilizada ampliamente por la Administración española, a cuyo efecto se suelen crear Juntas de Compensación (reparto proporcional de beneficios y cargas) a las cuales están forzados a adherirse todos los propietarios de suelo, pequeños o grandes, dentro del ámbito a ordenar y aceptado por la Administración Actuante, según manda de forma inexorable el artículo 168.2 del Reglamento de Gestión Urbanística, el RGU. (Expropiación forzosa en beneficio de la Junta de Compensación si no se adhiere a la misma).

Si bien el propietario mayoritario de suelo que solicita la actuación suele llevar la voz cantante en todo el procedimiento de desarrollo de la iniciativa, hay pasos en la tramitación del Planeamiento que sólo pueden ser dados por la "Administración Actuante", es decir, por el Ayuntamiento que es dicha Administración en la mayoría de los casos. Entre estos pasos a dar por la Administración Actuante se encuentra el cumplir con lo que manda el Artículo 163 del citado RGU el cual confiere la potestad al Ayuntamiento -también puede ser otra Administración-, como único ente que puede ejercer la función de requerir ante notario a los propietarios de suelo dentro del Planeamiento previsto a efectos de constituir la necesaria Junta de Compensación para administrar y ejecutar el desarrollo de las infraestructuras y obras previstas en el Planeamiento.

Esta función de la Administración Actuante de requerir ante notario a los propietarios de suelo no puede ser asumida de motu proprio por ninguno de los propietarios afectados en el planeamiento, ni siquiera por el que aporte la mayor cantidad de suelo a la Junta, sin importar su cuantía.

No obstante la claridad meridiana de la Ley del Suelo en el citado Artículo 163 del RGU, en el caso de la constitución de la Junta de Compensación del Plan Parcial Sector 32 Costa Taurito, que se celebró el ya citado 10 de julio de 2001, nos encontramos con el HECHO insólito, dentro del contexto de Planeamientos urbanísticos aprobados por ayuntamientos dispares, en que la Administración Actuante, el Ayuntamiento de Mogán en este caso, delega, según texto de la convocatoria, sus atribuciones inexcusables de requerir ante notario a los propietarios de suelo dentro del ámbito del citado Plan Parcial en el socio mayoritario de suelo en dicho Plan, es decir, la Corporación de Mogán de la época, cuya Presidencia la ostenta don Antonio Santana Flores, delega en el promotor INMOBARRENDA S. L., filial extraoficial de la constructora Hermanos Santana Cazorla S.L., la potestar de requerir a los otros propietarios de suelo, Harchicasa entre ellos vía carta certificada, a presentarse con poderes suficientes y escrituras originales de las fincas a aportar a la Junta de Compensación en la notaría de don Juan Alfonso Cabello Cascajo el día 19 de julio de 2001 a las 17,00 horas. (Clic aquí para descargar la citada convocatoria). El primer párrafo de dicha convocatoria comienza de la siguiente manera:

"En su condición de representante de la Administración local competente, por medio de la presente se le convoca a la Asamblea Constituyente de la Junta de Compensación del Plan Parcial Sector 32 del ámbito Costa Taurito.....".

¡Inaudito!; la constructora Hermanos Santana Cazorla S.L., a través de su filial Inmobarrenda S.L., se erige en representante de la Corporación de Mogán y asume la potestad de convocar en la condición citada de "representante de la Administración local" a Harchicasa a la constitución de una Junta de Compensación.

Esta convocatoria fue cambiada de forma verbal por la Corporación de Mogán, pasando a quedar fijada para el 10 de julio de 2001, siendo el día 27 de junio de 2001 cuando se reunió la Comisión de Gobierno de la Corporación de Mogán, presidida por su titular, don Antonio Santana Flores, y delegó en su Concejal de Urbanismo la representación de la Corporación en la constitución de la citada Junta. Este cambio no quita el HECHO de que el promotor mayoritario usurpara sin recato -en el supuesto que no recibiera tales prerrogativas de la Corporación de Mogán- las atribuciones que la Ley del Suelo, como ya se ha citado, sólo confiere a la Administración Actuante, o sea, al Ayuntamiento de Mogán en este caso.

La correspondiente certificación de la Secretaria del Ayuntamiento de Mogán de fecha 7 de julio de 2001, en su disposición CUARTA, autoriza a dicho Concejal, a la sazón don Juan Santana Artiles, a representar a la Corporación en el acto de constitución de la mentada Junta de Compensación, cuya disposición dice: "ostentando la misma en el presente D. Juan Santana Artiles, facultado para la suscripción de cuantos documentos sean precisos para la formalización del presente acuerdo." (Clic aquí para la descarga de dicha certificación)

No deja de llamar enormemente la atención en el proceso de constitución de la mentada Junta de Compensación, además de las infracciones de leyes y reglamentos de relieve -más de cinco- en su acto de constitución por parte del representante de Inmobarrenda S.L. y de la propia Corporación de Mogán de la época, la traslación de omnipotencia del promotor mayoritario de suelo, la constructora Hermanos Santana Cazorla S.L. (Clic aquí para ver convocatoria en sus oficinas de Asamblea General) a través de su mencionada filial Inmobarrenda S.L., a entes que tomaron parte en dicha constitución, especialmente la libre disposición de decisiones que sustrajo a la Corporación de Mogán de la época a la que abocó a infringir leyes, entre ellas el propio Código Penal, infracciones delictivas ya prescritas pero que no quita que al perpetrarlas se estaba materializando la NULIDAD DE PLENO DERECHO de por siempre del acto de constitución de dicha Junta de Compensación, además de todas las resoluciones o contratos tomadas y firmados teniendo como base la "percha" jurídica de dicha Junta; un delito prescribe en el transcurrir del tiempo; Un documento NULO no prescribe nunca, perdura siempre, no existe, nunca existió, y puede ser impugnado siempre por cualquier ciudadano, perjudicado o no por dicho documento.

(Ver los detalles de las leyes infringidas en las Exposiciones Segunda, Tercera y Cuarta (clic aquí) del documento de impugnación presentado por Harchicasa en el Ayuntamiento de Mogán el 26 de julio de 2016, ya citado en el primer párrafo de este post.)

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